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Abuso de «prisión preventiva», políticas de reinserción social ineficientes y falta de independencia judicial, de lo más grave en América Latina: PNUD

21 noviembre, 2013

«El sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región». Esta es una de las conclusiones más preocupantes del Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, enfocado en la «Seguridad ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina» [noviembre, 2013].

Uno de los problemas estructurales que ha colapsado las cárceles, precisa el documento, es el uso indiscriminado de la «prisión preventiva», que no solo refleja la ineficacia de las autoridades para juzgar sin encarcelar, sino que representa para las personas privadas de libertad «pérdida del empleo, distanciamiento de la familia y estigmatización», y para sus comunidades «un gasto alto que impide destinar esos recursos al desarrollo social».

Los funcionarios judiciales, por su parte, «siguen mostrando inhabilidad para resolver los casos» y «generar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva».

En cuanto a la reinserción social, el Informe alerta que, por el contrario, «las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva».

Tal situación se agrava, explica, porque en los ciudadanos de los 18 países evaluados persiste, en general, la percepción de que la inseguridad se resolvería con penas más duras, lo cual «limita el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social».

Esa visión punitiva privilegia el encarcelamiento sin importar el perfil del imputado ni el tipo de delito. De hecho, quienes se encuentran privados de libertad reflejan más un perfil de marginalidad social que criminal: «Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, y entre un 13% y un 27% nunca conocieron a su padre o madre. […] 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos no completó 12 años de escolaridad».

Finalmente, acerca de la independencia judicial, el PNUD encontró que los jueces «siguen trabajando con excesos de casos y ‘la politización’ de los tribunales ha limitado la consolidación del Estado de Derecho y el funcionamiento imparcial de la justicia».

Consulte el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina

 

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