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Bolivia: elementos que hacen “integral” una reforma al sistema de justicia*

6 agosto, 2015

 

Eddie Cóndor Chuquiruna

En mis recientes artículos sobre Bolivia, he comunicado la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia y parece que mis propuestas han caído en un saco roto. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, insisten -sospechosamente- en su idea de superar la crisis judicial con las propuestas que emerjan de la denominada “cumbre judicial”; actividad a la que seguramente invitarán -únicamente- a quienes consideran afines al “proceso de cambio”. La Universidad, inexplicablemente, sigue ausente, al igual que la masa crítica de las Organizaciones No Gubernamentales independientes. Ignoramos si es que algún Colegio de Profesionales (como el de abogados), tiene propuestas presentadas e incluidas en el proceso de cambio promovido por el gobierno.

Desconocemos también los alcances de las propuestas que estarían haciendo las llamadas “organizaciones sociales”, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene gestionando la “cumbre judicial” con exagerado y antidemocrático hermetismo. El Poder Judicial no ha podido responder a las críticas que pesan sobre él, por su débil situación; el Tribunal Constitucional ha mantenido su perfil de siempre; la Fiscalía General del Estado ha realizado una propuesta pública en respaldo al Ejecutivo y Legislativo; y, ningún medio de comunicación “se ha ganado el pleito” de apoyar este proceso con responsabilidad, compromiso y proactividad.

Por estas razones y en la línea de seguir aportando al proceso de fortalecimiento institucional en Bolivia, comparto esta vez, algunos elementos que han concurrido en experiencias exitosas de reforma en Latinoamérica, con el fin de mostrar qué implica una reforma judicial adecuada.

Real voluntad política del Ejecutivo: Se debe plasmar en acciones concretas la voluntad política del Poder Ejecutivo de reformar la justicia. Tendrán entonces los portavoces gubernamentales que sincerar su discurso y generar condiciones reales para el inicio de un proceso (ojo… un proceso) en el que el “ganador” sea el Poder Judicial y con él los bolivianos y las bolivianas. Esta voluntad política debe implicar capacidad de convocatoria y acuerdo a nivel de la llamada “clase política”, porque una reforma judicial no es patrimonio de un gobierno, sino que de un Estado (por ende de su Pueblo); y, en consecuencia debe trascender gobiernos, ser progresiva y tener un liderazgo visible y un carácter prioritario en la agenda del Estado.

Presidente Morales: recuerde que la crisis judicial es el talón de Aquiles de su proceso, a casi diez años de iniciado, y que en el periodo 2006-2014 el presupuesto del Poder Judicial se ha reducido de casi un 2% a menos del 1%, lo que parece no ser suficiente comparado a lo que por ejemplo se ha invertido en propaganda estatal por Bolivia; un 3% del Presupuesto General del Estado por año en el último quinquenio.

Conducta responsable y coherente del Legislativo: Resulta incoherente que el Legislativo le exija al Poder Judicial que brinde un servicio de justicia óptimo y oportuno, si existe actualmente un marco jurídico insuficiente, inadecuado, contradictorio y -en algunas materias- obsoleto. Estas deficiencias quedan de manifiesto si se considera los nuevos paradigmas que la Constitución le reconoce y exige a la función judicial. En ese sentido, el Legislativo, debe asumir su responsabilidad y cumplir con el mandato constitucional y legal, de generar leyes y códigos que hagan viable la justicia plural, que por derecho nos asiste. ¿Cuántos años han transcurrido desde que está vigente la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025), que reconoce que “[s]e establece un proceso de transición máximo de dos (2) años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”?. Considerando lo anterior habría que preguntarle al Legislativo ¿cuál es su aporte y compromiso con la reforma judicial?. Apenas contamos con dos de los llamados “Códigos Morales” vigentes; y, cuidado que cambiando a las actuales autoridades judiciales la crisis judicial se acentuará. Lo sensato es dejar que concluyan su mandato y en ese periodo, construir bases para una genuina e integral reforma judicial.

Carácter técnico, inclusivo y de consenso de los componentes de la reforma y su implementación: Si todos y todas demandan una reforma judicial deben generarse mecanismos para canalizar las propuestas. Además, debe promoverse espacios plurales para lograr consensos que apunten a un acuerdo nacional sobre la reforma integral al sistema de justicia. El abordaje de esta agenda debe ser técnico, sobre todo en el proceso de implementación, porque si bien es cierto que el apoyo político es fundamental, éste debe estar limitado para evitar distorsiones del proceso. La elección por voto popular de las “altas autoridades judiciales” debería ser una experiencia aleccionadora.

Enfoque de política pública o política de Estado: Este elemento es sustancial y hay que exigirlo, en la línea de lo anteriormente señalado. El enfoque de política pública alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas -en el tiempo- por diferentes actores estatales y no estatales, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo, que en Bolivia es cada vez más crítico: la vulneración de derechos en los tribunales de justicia. En este marco, resulta ineludible reiterar nuestra recomendación de no sustituir este enfoque, que implica un proceso, por la denominada “cumbre judicial”, que pese a su influjo mediático no deja de ser una actividad gubernamental puntal.

Si la apuesta es una auténtica reforma judicial en Bolivia, la cumbre judicial, debería ser el inicio de aquel proceso plural que debiera tener una duración de no menos de un año. Las iniciativas de reforma que se generen, durante estos doce meses, deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, que en gran medida han sido determinados por la actual Constitución. Estamos planteando entonces una política de Estado en materia de justicia, con cuatro fases de trabajo: la elaboración de la agenda, la programación, la implementación y la evaluación del grado de resolución del problema de la justicia boliviana. No tener en cuenta un proceso de esta naturaleza ni los resultados validados en Costa Rica, Chile y en menor medida en Perú y otros países, es negar -en la práctica- el derecho de los bolivianos y las bolivianas a tener una justicia justa.

* Publicado en dplfblog.com [julio 28, 2015]

Foto: vicepresidencia.gob.bo

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