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CIDH: “Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras”*

9 diciembre, 2014

 

Tegucigalpa, Honduras – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de observar la situación general de derechos humanos en el país. La delegación estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson; la primera vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine; el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez; la Comisionada Rosa María Ortiz; y los Comisionados Paulo Vannuchi y James Cavallaro. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

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ACCESO A LA JUSTICIA

Inseguridad y presiones para operadores de justicia

La Comisión continuó recibiendo durante su visita información sobre la situación de inseguridad en que se encuentran las y los operadores de justicia. Según la información pública disponible, durante 2014 al menos 20 jueces habrían recibido amenazas de muerte; desde 2010 a la fecha 86 profesionales del derecho habrían sido asesinados; y según la información proporcionada por la Asociación Jueces por la Democracia, al menos 3 jueces habrían sido violentamente asesinados en los últimos dos años. Esta situación resulta muy grave pues ante un país con los más altos niveles de violencia e impunidad de la región, se requiere por parte del Estado un deber especial de protección para que sus operadores y operadoras de justicia puedan realizar sus labores de lucha contra la impunidad sin convertirse en víctimas de los propios casos que investigan o resuelven.

Varios operadores de justicia hicieron referencia durante la visita al limitado presupuesto existente en el país para poder ofrecerles medidas de protección integral para sus personas y sus núcleos familiares e informaron que ante la insuficiencia solían preferir no hacer uso de la protección. Por otra parte indicaron que las modalidades de protección no necesariamente correspondían a sus necesidades. Así lo señaló un fiscal en San Pedro Sula, quien explicó “algunas veces la seguridad personal tiende a elevar el perfil, hacer un blanco mucho más codiciado y dicen, toquémosle a un hijo… de nada sirve que yo tenga seguridad, mientras que mi familia está en mi casa, sola”.

Además de las cuestiones de inseguridad, la Comisión recibió información sobre otros medios de presión a las labores de las y los operadores de justicia. Al respecto, durante la visita operadores de justicia denunciaron el uso del delito de “prevaricato” por parte de fiscales con el objetivo de amedrentar a jueces por emitir decisiones contrarias a sus intereses.  La Comisión nota con preocupación que varios jueces expresaron su temor a ser objeto de este tipo de persecución penal, particularmente porque el Decreto 56-2013 que reformó el Código Penal, estableció al delito de prevaricato como uno de los cuales no admite medidas sustitutivas de prisión preventiva.

Por otro lado, en la visita también se expresó preocupación por las amenazas de implementación de montajes de procesos disciplinarios que se realizarían contra jueces y juezas con el objetivo de atemorizarles y manipular sus decisiones. Al respecto, un abogado litigante en San Pedro Sula ejemplificó que al comentar a un juez que presentaría un peritaje de psiquiatría forense para modificar el régimen de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, el propio juez le respondió: “te voy a hablar claro, yo como juez penal si te doy un sobreseimiento a esa muchacha, al día siguiente estoy despedido”.

Finalmente, la Comisión recibió con preocupación información sobre una denuncia presentada por el Auditor Jurídico de la Fuerzas Armadas ante la Inspectoría General de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia en contra del juez Mario Rolando Díaz, Presidente de la Asociación Jueces para la Democracia (AJD), la cual estaría motivada en la participación de AJD junto con diversas organizaciones en un campo pagado en un diario de circulación nacional con ocasión del inicio de la visita in loco.

Detención preventiva y condiciones carcelarias

Es de preocupación de la Comisión que más de la mitad de las personas privadas de su libertad en Honduras están con detención preventiva. De acuerdo con cifras actualizadas a octubre del 2014, la población penal en Honduras ascendía a 14.732 personas privadas de libertad, de los cuales 7.095 tienen sentencia firme y 7.637 (52%) están con procesos pendientes. Los estándares del Sistema Interamericano indican con claridad que la prisión preventiva es una medida excepcional que sólo tiene como causales legítimas de procedencia el peligro de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones por parte del acusado; y que es el juzgador quien tiene que valorar motivadamente la procedencia de tal medida de acuerdo con las características específicas de cada caso. En este contexto, resulta preocupante que el Congreso Nacional, mediante Decreto No. 56-2013 que reforma el Código Procesal Penal, estableciera la no procedencia de medidas sustitutivas de la prisión preventiva en un catálogo de veintiún delitos. La aplicación obligatoria de la detención preventiva con base en el tipo de delito es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De hecho, el establecimiento de normas de este tipo constituye una interferencia del legislador en las facultades de valoración que competen al juez.

La Comisión observa la falta de cumplimiento del Estado hondureño con los pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos. A pesar de que la CIDH indicó al Estado de Honduras que debía adoptar de manera impostergable las medidas necesarias para asegurar que el control interno de todos los establecimientos penitenciarios sea acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, continúa existiendo un módulo femenino en el Penal de San Pedro Sula, ubicado dentro del recinto general donde se encuentran los módulos de hombres, situación que  ya ha sido condenada por parte de la Comisión.

Lee el comunicado de prensa íntegro

*Publicado originalmente en oas.org/es/cidh [diciembre 5, 2014]

Foto: noticias.emisorasunidas.com

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