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La aplicación de medidas cautelares con el fin de criminalizar la labor de defensoras y defensores*

21 septiembre, 2016
Criminalizar

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que el inicio de procesos penales en contra de defensoras y defensores implica, en algunas ocasiones, la adopción de medidas cautelares o de aseguramiento al juicio o proceso en su contra, tales como la prisión preventiva, libertad bajo fianza, la obligación de presentarse o comparecer periódicamente ante un tribunal, y la prohibición de salida del país. También la Comisión ha sido informada de que en algunos países se han dictado medidas que comprenden la imposibilidad de asistir a determinadas reuniones o lugares. La Comisión ha tenido conocimiento de que en algunos casos los operadores de justicia ordenan medidas cautelares sin atender a los fines procesales para los cuales están concebidas, siendo implementadas más bien como un mecanismo para impedir la labor de defensores y defensoras mediante su privación de libertad, o la interposición de otros obstáculos que interfieren con las actividades de defensa que realizan.

En otras ocasiones son la consecuencia del inicio de procesos penales mediante la aplicación indebida de tipos penales no conformes con el principio de legalidad, mediante los cuales conductas legítimas de defensa de los derechos humanos son enmarcadas dentro de los tipos penales, y a veces en el marco de dichos procesos se adoptan las medidas cautelares mencionadas con anterioridad.

La Comisión considera que cuando se inicia un proceso penal y el juez o jueza ordena alguna medida cautelar en el marco del proceso se debe velar porque la misma tenga por objeto asegurar los fines legítimos del proceso. A su vez, además de atender a los estándares internacionales contenidos en la Convención Americana y de la Declaración Americana, cuando el operador de justicia ordena una medida cautelar debe tomar en cuenta los efectos negativos que podría tener la imposición de la misma en el legítimo derecho a defender los derechos. Estos estándares tienen especial relevancia en el caso de defensores y defensoras, ya que de no ser observados no solo se afecta el derecho de la persona que queda sujeta a la medida cautelar, sino que esto a su vez tiene un impacto en las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos así como en la sociedad en general, dado el rol que tienen las y los defensores en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.

Al respecto, se ha señalado que las medidas cautelares pueden entrar en tensión con el principio de presunción de inocencia cuando constituyen un castigo que se impone antes de que exista una sentencia en firme. El principio de presunción de inocencia implica que como regla general el imputado debe afrontar el proceso penal en libertad, por lo que la Comisión ha considerado como estándar fundamental de aplicación, que siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado razonablemente mediante la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado que la requerida por el fiscal, el juzgador deberá optar por la aplicación de la medida menos gravosa, sea en forma individual o combinada.

*Publicado en el Informe Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos [diciembre 31, 2015]

Ilustración: oas.org

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