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México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, dice Amnistía Internacional*

23 Febrero, 2017
derechos humanos

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En 2016 hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en América Latina, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17. El documento registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como las violentas estrategias de represión en la región.

“Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.

Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.

“La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región”, explicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.

El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La procuraduría de este país informó que se estaban revisando 4715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones pendientes de tramitación.

Otro elemento que hace más complejo el caso mexicano es la enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente, debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400.000 personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

“México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses, porque tiene el mayor número de deportaciones en los últimos dos años: solo en 2016 devolvió a cerca de 150.000 ciudadanos a Guatemala, Honduras y El Salvador”, señala Guevara-Rosas.

En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, explicó que además “hay una crisis de solicitantes de refugio y migrantes que transitan por el territorio mexicano que no solo buscan irse a Estados Unidos, sino que también quieren quedarse en México debido a la violencia de Centroamérica”.

En territorio mexicano, el documento registró los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán en los que las investigaciones no han servido para aclarar los hechos. Y pone un énfasis especial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que “confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible”.

Para Guevara-Rosas es evidente que el gobierno no tuvo la voluntad política necesaria para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias: “Se trata de un presidente sumido en escándalos de corrupción, se trata del gobernador de un estado como Veracruz que huye en medio de escándalos y la gente siente que no hay justicia para las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el país”.

El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29.917 personas desaparecidas (22.414 hombres y 7503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas. Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: “Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.

El “Triángulo Norte” de Centroamérica

Países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se han convertido en una de las regiones más violentas del mundo superando las cifras de muertes de zonas en guerra. Según los datos del informe la tasa de homicidios de El Salvador (108 habitantes de cada 100.000) era una de las más altas registradas. Durante la primera mitad de 2016 se denunciaron 3438 homicidios, frente a los 3335 del mismo periodo de 2015. En Honduras más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos por su vinculación con la delincuencia organizada y Guatemala inició una serie de investigaciones contra más de una decena de exmilitares por diversas violaciones a los derechos humanos.

Los expertos de Amnistía Internacional explican que la inacción de los gobiernos de la región provocó un vacío de poder que fue ocupado por poderosas empresas trasnacionales, especialmente las dedicadas a las actividades mineras que necesitan implementar operaciones de apropiación de territorios y recursos naturales. “Esa apropiación afectaba sobre todo a tierras reclamadas por pueblos indígenas, otras minorías étnicas y campesinos, o tierras que les pertenecían, y se llevaba a cabo sin respetar debidamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, establece la investigación.

En el caso de Centroamérica esto provocó una oleada de ataques contra defensores de los derechos humanos y los luchadores ambientales. Honduras y Guatemala se convirtieron en los países más peligrosos del mundo para quienes se dedican a la defensa de la tierra y el medioambiente; los activistas fueron amenazados, les levantaron cargos falsos, campañas de difamación, sufrieron agresiones y homicidios.

La muerte de Berta Cáceres, la dirigente indígena hondureña que fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados en marzo de 2016, evidenció el riesgo que corren estos activistas. Otros defensores de los derechos humanos de Honduras como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George y José de los Santos Sevilla también fueron asesinados.

En Guatemala se denunció la criminalización, mediante procedimientos penales sin fundamento y el uso indebido del sistema de justicia penal, de quienes se oponen a proyectos de explotación de los recursos naturales, y suelen ser identificados como “el enemigo interno”. Según Udefegua, una ONG local, 14 activistas de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.

Los presos políticos de Venezuela

Amnistía Internacional destaca que la negativa del gobierno venezolano a aceptar ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria y proporcionar medicamentos empeoró la crítica situación de la atención médica del país. Las profundas deficiencias de los servicios de salud pública incrementaron enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis.

“La crisis humanitaria de Venezuela está provocando una fuerte erosión de los derechos económicos, sociales y culturales que está afectando a la mayoría de la población. La negativa del gobierno ha provocado que la gente no pueda ejercer derechos básicos de alimentación, acceso a la educación y familia, entre otros”, asegura Guevara-Rosas.

Según un informe del Ministerio Público de Venezuela, en 2015 se recibieron “más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante 2016 solo se habían iniciado 77 juicios”. El Observatorio Venezolano de Prisiones afirma que durante el primer semestre de 2016, la población de reclusos superaba en un 190 por ciento la capacidad máxima de los centros penitenciarios.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo establecía que 22.759 personas estaban detenidas en espera de juicio en dependencias policiales, lo que provocó una situación de hacinamiento, la propagación de enfermedades y violencia. Además, las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria todavía no se habían aplicado al terminar el año.

Entre ellas se cuentan las decisiones relativas a los casos de Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, dos destacados líderes opositores al gobierno. Otros dirigentes de la oposición como Coromoto Rodríguez, Yon Goicoechea, Alejandro Puglia y José Vicente García fueron arrestados en mayo, agosto, septiembre y octubre, respectivamente, en circunstancias que constituían detención arbitraria.

Amnistía Internacional denuncia que el gobierno venezolano siguió encarcelando a sus opositores políticos. “En julio, una corte de apelaciones desestimó un recurso contra la pena de cárcel impuesta al preso de conciencia Leopoldo López, sin considerar la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran los cargos en su contra ni las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena, que socavaron gravemente el derecho del acusado a un juicio justo”, señala el documento.

Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Esa sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, en febrero de este año. El informe señala que, según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas están detenidas por razones políticas.

*Publicado en nytimes.com [febrero 22, 2017]

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