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Políticas de seguridad punitivistas nos mantienen como la región más violenta: Fundación Ebert

16 diciembre, 2014

 

La crisis de violencia derivada de estrategias fallidas de seguridad pública para contener al crimen organizado en América Latina no solo ha colapsado las instituciones judiciales, incluidas las prisiones, sino promovido la implementación de políticas públicas cada vez más punitivistas ―desde la creación de nuevos tipos penales y el aumento de penas, hasta la reducción de la edad de imputabilidad―, sin que con ello hayamos dejado de ser «la región más violenta del mundo».

Tal es, en términos generales, el panorama que el Programa de Cooperación en Seguridad Regional, de la Fundación Friedrich Ebert, aporta bajo la mirada de una docena de expertos en su Anuario 2014. Seguridad nacional en América Latina y El Caribe, editado por Catalina Niño Guarnizo [diciembre 2014].

Uno de los capítulos más ilustrativos de la situación regional es «La política de drogas en Guatemala: nuevos discursos para mismas prácticas», de Javier Monterroso, quien documenta el modo en que durante el gobierno del actual presidente Otto Pérez Molina se disparó la criminalización por posesión y consumo de drogas.

Precisa, por ejemplo, que «dos de cada tres procesos judiciales por delitos de drogas en el organismo judicial de Guatemala lo fueron por el delito de posesión para el consumo: durante el periodo 2009-2013, el Organismo Judicial conoció 5 mil 404 acusaciones por delitos de drogas, de las cuales el 66% fueron por posesión para el consumo. Lo que significó una cifra cuatro veces mayor que el delito de tráfico, comercio y almacenamiento (15,3%) y 99 veces mayor que el delito de tránsito internacional».

El de Bolivia también es un caso ejemplar. En «Políticas de seguridad ciudadana y justicia penal en Bolivia», Ramiro Orias describe cómo la escalada de violencia ha generado tal alarma social que el gobierno ha tenido que «adoptar reformas y después contrarreformas penales y procesales penales», no siempre consensuadas ni integrales sino más como respuesta a la presión pública.

En «Las nuevas políticas de justicia, seguridad pública y convivencia en El Salvador», por otra parte, Óscar A. Fernández O. destaca como éxitos «contar con espacios adecuados para la ejecución de las fases de semilibertad, que forman parte del proceso de inserción productiva de los privados de libertad» y la creación de la Dirección de Atención a Víctimas, «como un reconocimiento de las necesidades de las víctimas de la violencia y del delito».

El Anuario incluye además los casos de Brasil, Argentina, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Colombia y México.

Consulta el Anuario 2014

Foto: afp.com

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