La Doctrina sobre Control de Convencionalidad y su Aplicación en algunas Experiencias Nacionales

La investigación busca contribuir a que las autoridades nacionales utilicen el control de convencionalidad como una técnica para implementar estándares internacionales en materia de derechos humanos en la resolución de casos en materia penal.

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Descripción

Organización: Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), U.S. Department of State
País: Regional
Autores: Pablo González, Marcela Zúñiga y Natalie Reyes
Clasificación: Control de Convencionalidad
Año: 2016
Archivo: icon La Doctrina sobre Control de Convencionalidad y su Aplicación en algunas Experiencias Nacionales

Descripción:

La investigación busca contribuir a que las autoridades nacionales -especialmente los jueces- utilicen el control de convencionalidad como una técnica para implementar estándares internacionales en materia de derechos humanos en la resolución de casos en materia penal, que redunden en mayores garantías para las personas involucradas en un proceso penal.

CEJA pone hoy a disposición del público, en su biblioteca virtual, una investigación que describe y explica la doctrina sobre el control de convencionalidad, creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su aplicación en cinco Altas Cortes de la región.

El libro “La Doctrina sobre Control de Convencionalidad y su Aplicación en algunas Experiencias Nacionales” fue editado por el organismo internacional en el marco del “Programa de investigación y capacitación sobre la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los sistemas de justicia de Las Américas,” que CEJA desarrolló entre los años 2013 y 2015 con aportes del U.S. Department of State, con el objetivo de fortalecer e incrementar la aplicación y conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los sistemas de justicia en América Latina. Sus autores son el abogado mexicano y consultor de la CIDH,  Pablo González, la investigadora chilena de CEJA, Marcela Zúñiga, y la ex investigadora de CEJA, la estadounidense Natalie Reyes.

La investigación constata que aunque los sistemas de justicia de las Américas han experimentado importantes avances, producto de la implementación de reformas procesales en materia penal hacia modelos acusatorios, aún persisten prácticas que resultan atentatorias para los derechos de las partes en los procesos, especialmente en lo relativo a la duración excesiva de los procesos (derecho a plazo razonable), la posición desventajada en la se encuentran algunos sistemas de defensa pública (derecho a defensa), y altos índices que aún presentan algunos países en la aplicación de la prisión preventiva (prisión preventiva), tres estándares básicos de un debido proceso.

La doctrina del control de convencionalidad tiene 10 años de existencia y ya ha sido utilizada en más de 25 sentencias y ha sido objeto de varios estudios de juristas latinoamericanos y de otras regiones. Así, su aplicación se convierte en una herramienta que puede resultar eficaz para reconocer y valorar el respeto y garantía de los derechos de las personas parte de un proceso. Permite a las autoridades estatales -especialmente Poder Judicial- garantizar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana, y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos dichos derechos.

La investigación describe los supuestos teóricos que rigen la relación entre los tratados internacionales y los sistemas jurídicos nacionales, para luego hacer un análisis dogmático del funcionamiento y características del control de convencionalidad, junto a su desarrollo jurisprudencial. Posteriormente se analiza la aplicación del control de convencionalidad en la justicia procesal penal de cinco Altas Cortes de la región respecto de plazo razonable, prisión preventiva y derecho a defensa.

Para ello se realizó una selección de 109 sentencias locales correspondientes a la Corte Suprema de Justicia de Argentina (14), Corte Suprema de Justicia de El Salvador (19), Suprema Corte de Justicia de México (14);  Corte Constitucional de Colombia (29) y Tribunal Constitucional del Perú (33 sentencias). Dichas sentencias fueron elegidas por considerarse buenas prácticas en la aplicación de los estándares de plazo razonable, derecho a defensa y prisión preventiva.

A través de la revisión de dichas sentencias se observa y destaca una serie de buenas prácticas de las cinco Cortes nacionales evaluadas las que incluso, siguiendo los estándares internacionales, han desarrollado conceptos propios aplicados a su realidad nacional. Así el sistema internacional de derechos humanos se convierte en una importante fuente para desarrollar criterios y fundamentos jurisprudenciales a nivel local, otorgando mayores garantías a los involucrados en un proceso penal.

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