Personas privadas de libertad en prisión preventiva

“Acceso a la Justicia II: Personas privadas de libertad en prisión preventiva”, Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, diciembre 2014

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Descripción

Organización: INDH
País: Chile
Clasificación: Prisión preventiva
Año: 2014
Archivo: icon Personas privadas de libertad en prisión preventiva

En Chile el uso de la “prisión preventiva” es relativamente bajo en comparación con otros países de la región: el porcentaje de personas privadas de libertad sin juicio es de 26.4%, preocupante pero no al nivel de la crisis que vive Bolivia, por ejemplo, donde alcanza el 84%, o Paraguay, con 73%.

Aparte, el tiempo promedio que una persona pasa en prisión previa al juicio es de 121 días, unos cuatro meses, también bajo en comparación, por caso, con México, donde es de casi un año.

Sin embargo, una reciente ola de políticas públicas punitivistas en ese país podría escalar el uso de la “prisión preventiva” a niveles de crisis. Dichas políticas, su impacto y alternativas de cambio es lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) analiza en el segundo volumen de Acceso a la Justicia ―del Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014 ―, dedicado a “Personas privadas de libertad en prisión preventiva” [diciembre 2014].

Ahí advierte que en general “el populismo penal aleja la política criminal del que debe ser uno de sus objetivos principales en democracia: la resocialización de la persona infractora de la ley”, y en cambio “se enmarca en una lógica binaria, donde solo existen dos caminos para quien ejerce jurisdicción: la libertad o la privación de la misma para la persona imputada”.

Con esa visión de fondo, revela, entre 2010 y 2013 “9 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva fueron acogidas por los Juzgados de Garantía”, y solo entre enero y noviembre de 2013 “las cifras muestran un alto porcentaje de aplicación de la prisión preventiva, especialmente en cuanto al tráfico ilícito de drogas (93,3%) y robo en lugar habitado (91,5%)”.

Por otra parte, en el capítulo dedicado a prisión previa al juicio y adolescentes en conflicto con la ley penal, el INDH encontró que los jóvenes pasan privados de libertad 81 días en promedio, un tiempo bajo en comparación con el resto del continente, pero alarmante considerando que “los estándares establecen que para el caso de los y las adolescentes, la medida cautelar privativa de libertad es excepcionalísima, debiendo preferirse aquellas que restringen en menor medida la libertad”.

También analiza el Artículo 140 del Código Procesal Penal chileno, donde “se da a entender que la libertad de la persona imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando ella hubiese sido condenada con anterioridad”, es decir, “que la ley le asigna a la persona imputada nuevas consecuencias penales (la prisión preventiva) a partir de hechos por los cuales ya fue investigada y sancionada”.

Y en cuanto a la “prisión preventiva” y los pueblos indígenas, refiere el caso de los miembros del pueblo mapuche procesados “por legislación antiterrorista” en 2012 y donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que “el Estado violó los derechos a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria y a no sufrir prisión preventiva en condiciones no ajustadas a estándares internacionales”.

Otros apartados del estudio son los de “Medidas de reparación”, “Acción constitucional de indemnización por error judicial” y “Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

Consulte Acceso a la Justicia II: “Personas privadas de libertad en prisión preventiva”

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