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Una explicación de la decisión del Departamento de Justicia de EU de terminar uso de cárceles privadas*

22 agosto, 2016
Cárceles privadas

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Mirte Postema

Investigadora para Derechos Humanos, Derecho Penal y Reforma Carcelaria en las Américas, Stanford Law School

Contactos: mpostema@law.stanford.edu / +1­202­403­4622 (cel.)

El 18 de agosto de 2016, Sally Quinn, viceministra de justicia de Estados Unidos, anunció la decisión del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de terminar su uso de cárceles privadas. Éste es un acontecimiento importante, aunque es preciso señalar que no acaba completamente con las cárceles privadas. ¿Qué significa, entonces? y ¿cuál es la relevancia de esta decisión para América Latina, donde países como México recién están dando inicio a la privatización de cárceles?

El informe del Depto. de Justicia

El instructivo del DOJ está basado en un estudio hecho por la Inspectoría General del Departamento, que comparó 14 cárceles federales privadas con 14 cárceles federales públicas en los Estados Unidos. Este informe, que fue publicado en agosto del 2016, concluyó que las cárceles privadas no son más baratas ni brindan mejores servicios ­los argumentos que suelen ser usados para justificar la privatización de cárceles­. Además, indicó que el monitoreo y la supervisión de las cárceles privadas por la Oficina para Cárceles (BOP, por sus siglas en inglés) quedaron cortos, y la investigación encontró violaciones preocupantes en cárceles privadas, tal como el uso de celdas de aislamiento (eufemísticamente denominados Special Housing Units, o Unidades Especiales de Alojamiento) para hospedar a internos cuando el área general de la cárcel estaba lleno.

Adicionalmente, aunque se encontraron menos drogas y habían menos incidentes sexuales en cárceles privadas, el estudio estableció que había mucho más incidentes de seguridad: 9 veces más encierros (totales o parciales), 28% más agresiones entre internos, y la mitad más agresiones entre internos y guardias. Además, confiscaron 8 veces más celulares en las cárceles privadas –con las cuales internos podrían continuar sus actividades criminales desde la cárcel­.

Ámbito limitado, pero aún así importante

Como consecuencia de esos hallazgos, la viceministra instruyó a los empleados del DOJ de no renovar contratos con corporaciones privadas de correcciones, “o reducir su alcance de manera significativa”, esta decisión no necesariamente acaba con las cárceles privadas en los Estados Unidos. De hecho, la decisión del DOJ sólo afecta las 13 cárceles federales privadas contratadas por el BOP. ¿Por qué?

En primer lugar, porque el instructivo del DOJ sólo vincula a la propia institución. Las cárceles privadas contratadas por el BOP sólo contienen el 8% de la población carcelaria de los Estados Unidos. El instructivo no obliga a autoridades estatales o locales de dejar de usar cárceles privadas. La decisión del DOJ tampoco impacta otro gran usuario de cárceles privadas: el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). DHS es la autoridad responsable para los centros de detención para migrantes indocumentados, y el 62% de las camas en esos centros está bajo el control de corporaciones privadas de correcciones. Y no parece que el DHS quiere terminar esa práctica: recientemente, firmó un contrato (cuestionado y cuestionable) con una corporación privada por 4 años y un billón de dólares para operar un centro de detención para migrantes centroamericanos pidiendo asilo en Estados Unidos.

En segundo lugar, las corporaciones privadas mantendrán sus actividades en otras áreas del sistema de justicia penal de Estados Unidos. En la operación de “centros de medio camino” en que se hospedan a personas recién salidas de la cárcel para su reinserción (explícitamente exceptuados del instructivo), y en la supervisión de medidas alternativas o de libertad condicional, por ejemplo.

Aún así, la decisión del Departamento de Justicia de terminar su uso de cárceles privadas es importante, tanto por su valor moral como por la argumentación que usó para llegar a su conclusión. Es decir, si el DOJ concluyó, después de una investigación rigurosa que las cárceles privadas “simplemente no proveen el mismo nivel de servicios correccionales, no hay un ahorro significativo de costos, y como un informe reciente de la Inspectoría General señaló, no mantienen el mismo nivel de seguridad” que las cárceles públicas, ¿cómo justificarían otras autoridades, como el Departamento de Seguridad Interna y los gobiernos locales y estatales, su uso de cárceles privadas?

Lecciones para autoridades latinoamericanas

Encima de eso, es posible identificar debilidades específicas y lecciones aprendidas en el informe del DOJ. Sería altamente recomendable que las autoridades latinoamericanas las tomaran en cuenta.

En primer lugar, la investigación constató un sinnúmero de violaciones a derechos y riesgos para la seguridad. Quizás la lección más importante del informe es que es imprescindible contar con una supervisión y monitoreo activos de las cárceles –tanto las privadas como las públicas­. Al respecto, es relevante señalar que las cortes estadounidenses no aceptan la certificación de la ACA [Asociación de Correccionales Americanas] como prueba de que las cárceles cumplen con los estándares constitucionales, lo cual subraya la importancia de un monitoreo activo.

En segundo lugar, cabe constatar que la transparencia es absolutamente fundamental. Es necesario tener acceso al contenido de los contratos con corporaciones privadas para poder controlar su cumplimiento con las obligaciones asumidas, así como fiscalizar el uso de fondos. Estos principios también aplican a las cárceles administradas por el Estado.

Por último, quedan unas preguntas que las autoridades latinoamericanas que quieren impulsar la privatización de cárceles deberían contestar. Si, después de una experiencia con cárceles privadas de más de dos décadas en Estados Unidos, las autoridades llegaron a la conclusión que es mejor de terminar con esa práctica, ¿tiene sentido de impulsar esto en otros sitios? Y ¿no sería un mejor uso de fondos públicos si se los invirtieron en el fortalecimiento del Estado y su sistema carcelario, en lugar de financiar ganancias de corporaciones privadas?

*Publicado en law.stanford.edu [agosto, 2016]

Foto: 4.bp.blogspot.com

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